SANTIAGO – Tres jueces de la Corte Suprema de Israel fueron demandados ante la justicia de Chile por avalar la construcción de un muro en Cisjordania y la confiscación de bienes a palestinos, en una acción criticada por autoridades israelíes y que algunos expertos ven pocas posibilidades de que prospere.
La Federación Palestina de Chile denunció por crímenes de lesa humanidad a los jueces del tribunal supremo israelí Asher Gronis, Uzi Volgen y Neal Hendel, según el escrito al que tuvo acceso The Associated Press.
La organización argumentó el principio de universalidad de la legislación chilena, que permite acoger demandas sobre delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra que hayan tenido lugar en otros países.
En paralelo, una mujer chileno palestina que posee territorios en el valle del Cremisán presentó una segunda querella contra los jueces, dijo a la AP el abogado de la causa Nicolás Pavez.
Dijo que los demandantes recurrieron a la justicia en Chile tras haber agotado todas las instancias en Israel durante ocho años y que culminaron con una sentencia en enero del máximo tribunal israelí sobre la legalidad del muro.
«Se les acusa a tres jueces de la Corte Suprema de dar una apariencia de legalidad a este muro que es ilegal y que viene a constituir de un crimen de guerra», señaló y dijo que el fallo afecta «la capacidad de movilidad, la vida diaria, el derecho de convivir por parte de nuestros representados».
Israel comenzó a construir el muro en 2002 en respuesta a una serie de ataques suicidas que mataron a cientos de personas y argumentó que así evitaría más atentados. Los palestinos, sin embargo, consideran que es ilegal y que busca abrir paso a asentamientos israelíes.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia de la ONU emitió una opinión no vinculante considerando ilegal el muro.
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Emmanuel Nahshon, vocero del Ministerio de Exteriores de Israel, consideró un «abuso cínico del sistema legal para avanzar en la agenda política y esperamos que las autoridades chilenas no le den crédito a tal abuso».
Lo más probable es que la demanda no prospere, explicó a AP la abogada chilena experta en derechos humanos Marcela Prieto Rudolphy.
«Primero porque es imposible que los fiscales realicen una investigación sobre hechos que están ocurriendo en otro país», dijo.
«Segundo porque aún en el caso de que se obtuviese una sentencia condenatoria, sería imposible ejecutarla. Tercero, jurídicamente no es claro que el principio de jurisdicción universal permita este tipo de acciones penales», añadió.
La Federación presentó la demanda en representación de toda la comunidad y de ciudadanos palestinos que han demostrado con títulos de dominio ser los dueños de esos territorios.
«Hemos acompañado largamente y extensamente el argumento de por qué creemos que los tribunales chilenos son competentes para este tipo de causas», señaló Pavez. «Esta no es una querella simbólica. Es difícil, pero tenemos precedentes de jurisdicción universal».
Por su parte, Anuar Majluf, director ejecutivo de la Federación Palestina de Chile, comentó que en el país sudamericano existe una comunidad palestina muy importante que aún posee tierras en Cisjordania y que se ha visto afectada por la decisión de la Corte Suprema israelí de anexionar y confiscar territorios de Crimesán.
