Pobladores afectados por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, en agosto de 2014, buscan el amparo del poder judicial para señalar que autoridades federales solaparon irregularidades de la minera Grupo México, antes y después del derrame que afectó a más de 23 mil personas.
En conferencia de prensa en conjunto con la organización Poder, los pobladores se presentaron como parte de los Comités de Cuenca Río Sonora. Dijeron que han interpuesto 5 amparos en los que acusan como responsables de violaciones a sus derechos humanos a la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la propia minera propiedad del multimillonario Germán Larrea.
Para el abogado de los pobladores, Luis Miguel Cano, la batalla legal tiene tres objetivos principales: deslindar responsabilidades sobre todos los actores involucrados; remediar los daños; y la no repetición de un desastre ambiental como el que ocurrió en esa zona.
“La Semarnat no ha escuchado a la población para evaluar el impacto ambiental de las concesiones para la explotación de minas […]; se trata de cambiar el paradigma”, dijo Cano a Aristegui Noticias. Según él, para que estas concesiones se pongan a consideración de las comunidades, no es suficiente con que la manifestación de impacto ambiental de los proyectos mineros se publique en la Gaceta Ambiental de la Semarnat.
Armando y Zoila, un matrimonio que habita en uno de los siete municipios afectados, Baviácora, contó que su salud se vio afectada y que perdieron hasta el 80% de sus ingresos por las actividades agrícolas y ganaderas que realizaban, a causa de los efectos de la contaminación del Río Sonora.
Armando tuvo que pedir préstamos para sostener a su familia y pagar los gastos médicos de su esposa, afectada por síntomas que coinciden con intoxicación por arsénico. Las afecciones de su mujer, Zoyla, llegaron poco a poco, primero comezón en la piel, dolores de estómago y, al final, la inmovilización total de su cuerpo.
“No podía atender a mis tres hijos y dependía de mi esposo para hacer todo, hasta para ir al baño”, contó Zoyla.
Recibió atención médica en instituciones públicas, pero al considerarla insuficiente acudió con un doctor privado. Su salud mejoró casi un año después de ese episodio y ahora es parte de los ciudadanos que participaron este martes en la conferencia de prensa de los Comités de Cuenca del Río Sonora.
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En esa presentación, la investigadora de Poder, Julieta Lamberti, acusó a las autoridades y a Grupo México de carecer de un plan integral de remediación para toda la región.
“El plan de remediación sólo tenía aprobada la primera de 5 fases, lo cual abarca apenas 30 kilómetros desde el lugar del derrame, que es donde están las instalaciones de Grupo México y donde no hay población”, dijo durante la conferencia.
Este medio pidió una postura a la Semarnat sobre estos señalamientos. La respuesta fue que en la tarde del martes habría una conferencia de medios de parte de las autoridades, en el estado de Sonora.
Allí, la Semarnat informó sobre los avances en los trabajos de remediación que se realizarían con fondos del Fideicomiso Río Sonora. El presidente de ese fideicomiso y también subsecretario de Planeación y Política Ambiental de Semarnat, Rodolfo Lacy, dijo que “no existen en México antecedentes históricos en prontitud y magnitud de atención, como la que se dio y se está dando en el Río Sonora”.
Además aseguró que ya se autorizaron 1,048 millones de pesos para los trabajos de remediación, de los cuales se han erogado directamente a la población cerca de 800 millones de pesos.
Sin embargo, confirmó que esos trabajos se dividieron en 5 zonas de las cuales sólo se ha aprobado la primera, que cubren los 30 kilómetros de los que hablaron los Comités de Cuenca Río Sonora. Según el presidente del fideicomiso, los trabajos en la zona 1 comenzaron el 28 de enero y se estima una duración de aproximadamente ocho semanas.
Con respecto a las 4 zonas restantes, Rodolfo Lacy dijo que aún esperan que Grupo México les entregue los programas de remediación, lo cual coincide con las acusaciones de los pobladores.
