Con un historial como visitantes frecuentes de 2009 a 2014 del Palacio de Las Garzas, sede de la Presidencia de Panamá, un exministro, dos exjefes policiales, una exjerarca migratoria y otros hombres y mujeres que en puestos clave—o como simples parientes—acompañaron a Ricardo Martinelli en sus cinco años de administración presidencial están cada vez más cercados por la justicia panameña.
Un póquer de casos de presunta corrupción, con el manejo de millonarios recursos estatales o con el negociado de favores y privilegios con cuño gubernamental en la gestión del empresario convertido a político que alcanzó la silla principal de Las Garzas ha estremecido a Panamá desde que Martinelli dejó la Presidencia el pasado 1 de julio.
El propio Martinelli—ahora de paradero desconocido aunque aparentemente está en una especie de autoexilio en Miami—está en aprietos judiciales. El 2 de marzo anterior, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ratificó un fallo que adoptó el 28 de enero anterior para aprobar que se abra un proceso penal para juzgar al expresidente por presuntas irregularidades con el manejo de 45 millones de dólares en contratos del estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN), dedicado a la asistencia alimentaria a centros educativos públicos.
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La Corte activó un mecanismo para pedir al Tribunal Electoral que despoje a Martinelli de su inmunidad como presidente del opositor Cambio Democrático, el partido que le llevó a la Presidencia. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el exjefe de Estado y próspero empresario de las cadenas de supermercados, entre otros negocios, afirmó el 10 de marzo: “Por persecución política y odio me quieren meter en lío” del PAN, “nada tengo que ver”. El exmandatario ha dicho reiteradamente que el presidente panameño Juan Carlos Varela, su sucesor, es responsable de la campaña de hostilidad judicial en contra de todo lo relacionado con Martinelli.
La Contraloría General de Panamá determinó que hay suficientes pruebas para acusar a Guillermo Ferrufino, quien fue ministro de Desarrollo Social con Martinelli, de enriquecimiento injustificado . A Ferrufino, preso desde el 4 de marzo, se le acusa de peculado con el alquiler de helicópteros también con recursos del PAN, una institución sobre la que hay dudas sobre el manejo de más de 1.200 millones de dólares.
