Laura Rubio Díaz Leal, una reputada académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ha cifrado uno de los problemas menos visibles en México. Su libro Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana ha documentado las migraciones forzadas por la violencia del narcotráfico desde 2009. El texto revela que en el país existen 281.418 desplazados, de los cuales 30.000 han huido por conflictos de tierra y de intolerancia religiosa en Estados como Chiapas y Oaxaca.
“Los hallazgos de fosas con cuerpos desmembrados, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la impunidad subrayan la necesidad de capturar un fenómeno en el que la gente huye porque su vida corre peligro”, señala en una entrevista la autora, doctora en Historia y especialista en migraciones forzadas por la Universidad de Manchester.
Díaz Leal reconoce que la cifra es conservadora. Una encuesta del INEGI, el organismo de estadística mexicano, sobre percepción de inseguridad señala que el fenómeno podría alcanzar los 1.6 millones de personas. “Es un tema que está incrementando y se está agravando. Las afectaciones a las familias son cada vez más fuertes y más graves”, dice la catedrática del ITAM.
Sinaloa ha sido uno de los lugares más afectados. Guadalupe y Felicia se armaron de coraje una tarde de agosto de 2012 y decidieron volver a casa después de haber huido de los narcotraficantes meses antes. Para regresar a Ocoruahi, al noroeste del país, tuvieron que pedir permiso al Ejército. Al entrar al diminuto pueblo se encontraron con una escena que se detuvo en el tiempo minutos después de que decenas de familias reunieran sus objetos más preciados y salieran a toda prisa huyendo de los sicarios del Cártel de Sinaloa.
Vieron los pupitres derribados en los salones de la única escuela. Una gruesa capa de polvo acumulada en las ventanas. El piso de una casa estaba cubierto de la ropa que no se pudo empacar. Otras construcciones del municipio fueron quemadas por los criminales para reprender a las familias que habían osado con volver a casa. “Estuvimos unas tres horas. Nos dimos cuenta de algo y nos duele: ya no hay nada qué rescatar. Mejor nos regresamos”, dijo una de las víctimas.
Las fotografías de ese pueblo fantasma enclavado en la Sierra Madre Occidental han sido recogidas en el libro y también en una exposición en el Museo Memoria y Tolerancia de la capital mexicana. Entre febrero de 2011 y febrero de 2012 más de 1.200 familias, unas 25.000 personas, abandonaron sus hogares por la violencia en esa región de Sinaloa. Muchas familias viven ahora en chabolas de cartón y madera improvisadas a las afueras de Culiacán, la capital del Estado.
La guerra contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno deFelipe Calderón (2006-2012) hizo visible el fenómeno. Los periódicos comenzaron a hablar de éxodos como el de los juarochos en 2010. Los veracruzanos (jarochos) que habían dejado su Estado natal huyendo de la pobreza rumbo al promisorio norte tuvieron que hacer el viaje a la inversa escapando de Ciudad Juárez, la metrópoli chihuahuense que llegó a ser calificada como una de las más peligrosas del mundo. El gobernante en turno pagó siete vuelos y más de 330 traslados terrestres para el retorno de ciudadanos a Veracruz. En este Estado la violencia ha desplazado más de 14.000 personas.
“Durante el Gobierno de Calderón el problema se negaba”, dice la autora. El regreso del PRI al poder no ha podido mejorarlo. “Yo diría que ha empeorado. Estados como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa son un desastre, tienen serios problemas de desplazamiento”.
El foco rojo en el Gobierno de Enrique Peña Nieto se ha dado en el Estado de Guerrero, donde ocurrió la matanza de estudiantes de Iguala. En dos años, de 2012 a 2014, se registraron 26 de los 121 éxodos masivos (el 21.4% de los casos) documentados por Díaz Leal. El despliegue de tropas del Ejército, la Armada y la Policía Federal hizo el panorama más complejo. “Esto genera, en el corto plazo, mayor inseguridad por los enfrentamientos”. Como sucedió en otros Estados, los operativos conjuntos duplicaron en Guerrero el índice de homicidios en solo tres años.
El libro de la académica del ITAM —que tiene un costo de 1000 pesos (66 dólares), destinados a becar a niños desplazados en Chihuahua y Oaxaca— actualiza el dato de 130.000 desplazados otorgado en 2013 por el Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados.
En México la Ley de Víctimas reconoce a los desplazados, pero el texto de la norma no define el problema del desplazamiento interno, lo que “limita la acción” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo creado por el Gobierno mexicano para atender a quienes han sufrido la violencia. “Al no estar definido no se sabe a quién registrar en el padrón, si es un delito del fuero común o debe ser federal”, asegura Díaz Leal. La inexistencia de este censo hace más difícil la reparación del daño ya que no especifica si deben pagar los gobiernos de los Estados o el federal.
“El Gobierno de Peña Nieto no habla del problema. No lo reconocen. Es una omisión que deja ver una falta de voluntad”.
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