México vive un fin de campaña convulso. La ola de protestas sindicales contra la reforma educativa que sacude el suroeste del país se ha recrudecido y ha desembocado en violentos choques con las fuerzas de seguridad. En la escalada, se han destruido oficinas electorales, bloqueado carreteras y aeropuertos, quemado papeletas y, sobre todo, puesto bajo amenaza las elecciones del domingo. Las cesiones del Gobierno, de momento, no han sido capaces de frenar la espiral de tensión. En este escenario de incertidumbre, el asesinato este martes a balazos de Miguel Ángel Luna Munguía, candidato a diputado federal por el PRD (izquierda), ha oscurecido aún más la campaña. En tres meses se han registrado 70 ataques a políticos, con 20 asesinados: ocho eran candidatos; el resto dirigentes locales, asesores o militantes.
La cabeza de Aidé Nava González, de 41 años, la precandidata del PRD en Ahuacuotzingo (Guerrero), fue hallada un martes de principios de marzo en una pista de tierra. A su lado, en una tela blanca, había un mensaje escrito con letras rojas: “Esto le va a pasar a todos los putos chaqueteros y putos políticos que no se quieran alinear”. La autopsia determinó que la viuda fue bestialmente torturada y que, aún viva, le habían cortado el cuello. Un año antes a su marido, también del PRD, lo sacaron del coche y le mataron delante de ella.
Aidé Nava fue la primera en caer estas elecciones. Luna Munguía ha sido el último. No era un desconocido, sino un exdiputado federal y antiguo alcalde de Valle de Chalco (375.000 habitantes). Y su muerte -tres sicarios, dos balazos en el pecho- no ocurrió en las perdidas montañas de Guerrero, tomadas por el narco, sino a 35 kilómetros de la Ciudad de México, en su oficina y a pleno luz del día. Pero ninguna de estas diferencias importa demasiado. En ambos casos no ha habido detenciones y las causas últimas, en un país donde sólo el 5% de los asesinatos acaba en condena, se perderán con seguridad en la oscuridad. “En los veinte homicidios políticos hay mucha violencia del narco, pero también se ocultan ajustes de cuentas internos”, señala el experto en seguridad Alejandro Hope.
Pese a la importancia de los comicios (Cámara de Diputados, nueve gobernaturas y los congresos estatales y ayuntamientos de 17 estados), ninguno de los crímenes ha paralizado la campaña. Tampoco ha generado grandes declaraciones. En México, la política es una profesión de riesgo y a las condenas, casi automáticas, ha seguido la rutina del cualquier contienda electoral. La mayor tensión ha procedido de un universo diametralmente opuesto.
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En los empobrecidos estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, el enfrentamiento que desde hace meses mantienen los sindicatos radicales con el Gobierno ha estallado en los últimos días. A la cabeza de los incidentes se sitúa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una facción disidente del sindicato mayoritario de profesores que se ha convertido en un poder fáctico en el suroeste y cuya intención declarada es boicotear las elecciones si el Ejecutivo no retira la reforma educativa.
Para demostrarlo, esta coordinadora, en una coreografía bien calculada, ha atacado en días pasados oficinas electorales en cinco estados y quemado decenas de miles de papeletas en la calle. El propio ejército, encargado de la custodia del material electoral, ha retrocedido en Oaxaca para evitar un baño de sangre. A tal punto ha llegado el pulso que el Gobierno, en busca de la paz electoral, ha dado su brazo a torcer y les ha concedido una de sus más preciadas reivindicaciones: suspender la evaluación de los maestros. Este punto, el más simbólico de la reforma educativa, busca mejorar la calidad docente, y acabar con el clientelismo y la compraventa de plazas. Pero su retirada, vista como una humillante renuncia por amplios sectores educativos, no bastó a la CNTE. En una vuelta de tuerca, el sindicato arreció sus protestas. Bloqueó el aeropuerto internacional de Oaxaca, amenazó con tomar el de Ciudad de México, y al grito de “si no hay soluciones, no hay elecciones”, forzó en la capital una negociación directa con la Secretaria de Gobernación (Interior).
Las conversaciones no sirvieron para reducir la tensión. En Guerrero y Oaxaca han seguido hoy las protestas, con quemas de papeletas y tomas de sedes. Ante el deterioro de la seguridad, los dos principales partidos de oposición, PAN y PRD, han exigido que se pongan las medios para impedir el boicot electoral. El Instituto Nacional Electoral, contrario a militarizar las elecciones, ha pedido oficialmente protección al Gobierno, y la Embajada de Estados Unidos ha emitido un mensaje de urgencia para que sus ciudadanos no viajen a Oaxaca. “Incluso las manifestaciones pacíficas pueden volverse violentas”, dice la nota diplomática. A dos días de las elecciones, la tensión se ha disparado en México.
