En 2008, en plena ofensiva del Gobierno de México contra el narcotráfico, la línea entre la ley y la delincuencia se había convertido en una frontera porosa. Las mafias colonizaban corporaciones enteras de policía, siendo el eslabón municipal el más débil de la cadena. La respuesta del Gobierno de Felipe Calderón fue imponer a todos los estamentos policiales del Estado un examen de idoneidad en un intento de extirpar el gusano del corazón de la manzana. Siete años después y más de 400.000 agentes escrutados, el remedio no termina de funcionar. Al menos uno de cada cinco cargos ha suspendido la prueba. Y en la mayoría de los casos, siguen al frente de sus puestos o incluso han sido ascendidos, según una información del periódico El Universal.
La muestra recogida por el diario corresponde a altos mandos de seguridad –procuradores, fiscales, directores de policías estatales, directores de centros penitenciarios– en México. Hasta 156 de un total de 703 cargos examinados no pasaron la criba. El examen incluye un test psicológico, pruebas antidopaje, o una visita sorpresa de funcionarios del Gobierno a casa para hablar con los vecinos, tomar fotografías y hurgar en cajones y armarios para ver si el estilo de vida del policía corresponde con su sueldo.
En enero de 2009 comenzó la depuración y debía haber concluido en 2012. Tras varias prorrogas y desencuentros con los gobernadores de los Estados –los responsables en último instancia de realizar las pruebas– el proceso finalizó en noviembre del año pasado. La ley que regula el escrutinio impone que todos aquellos agentes que hayan suspendido deben ser dados de baja. Sin embargo, muchos de los altos mandos reprobados mantienen sus cargos según los casos citados por El Universal, que sustenta a su vez su información en datos oficiales recabados gracias la Ley de Transparencia.
Siete Estados –Veracruz, Baja California Sur, Morelos, San Luís Potosí, Durango, Guerrero y Michoacán– acumulan más de la mitad de los agentes que han suspendido la prueba. En la lista se encuentran alguno de los Estados con los índices de violencia más altos del país. Guerrero fue el escenario de la matanza de Iguala. La intervención de los agentes municipales en aquel suceso, que atacaron a balazos a los 43 estudiantes para después entregarlos a unos sicarios, ha vuelto a poner el foco sobre la policía, una de las instituciones más desacreditadas de México.
Entre los casos destaca el del actual fiscal especializado en Prevención del Delito de Chihuahua, un Estado del norte del país al que pertenece Ciudad Juárez, símbolo durante años de la lucha contra el narco. Ramón Domínguez Perea, quien asumió el cargo el 3 de noviembre de 2010, ha sido sometido tres veces a los exámenes de depuración. Y tres veces los ha suspendido. La primera en febrero de 2011, luego en agosto de ese mismo año, y la última en junio de 2012.
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