Uno de cada diez argentinos atraviesa por una situación de pobreza que le obliga a vivir en lugares marginales, donde los residentes difícilmente pueden acceder a servicios básicos como agua.
La noticia se dio a conocer este martes a través de un estudio de la organización no gubernamental TECHO.
Tras un análisis de 11 localidades de Argentina — entre ellas Buenos Aires — TECHO comprobó que existen 2.432 asentamientos informales (294 más que en 2013), y en éstos residen 650.685 familias.
«Los números muestran que los asentamientos son la máxima expresión de vulneración de derechos humanos y desigualdad en nuestro país», dijo Virgilio Gregorini, Director Ejecutivo de TECHO en Argentina.
Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre el número de villas miserias en el país, pero hace unos días, el gobierno de Mauricio Macri informó que pondrá en marcha un relevamiento de estos asentamientos. El anunció se produjo justo después de difundir un indicador de pobreza que afecta al 32,2% de una población de 40 millones de personas.
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Entre los pobres, 6,3% son indigentes, lo que quiere decir que sus ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica.
En lo que respecta a los servicios básicos, la mayoría de las familias residentes en villas miserias no cuentan con acceso a la red de energía eléctrica, de agua corriente, ni a una red cloacal. Bajo estas condiciones, los habitantes beben del pozo y eliminan sus excretas en un pozo ciego sin cámara séptica. Sobra destacar los riesgos sanitarios que esto implica.
«Es un escándalo que a 200 años de la declaración de nuestra independencia haya familias viviendo en estas condiciones. Resolver la problemática de los asentamientos deberá ser prioridad máxima de nuestro país si queremos ser una sociedad justa, democrática, desarrollada y pacífica», advirtió Gregorini.
TECHO promueve acciones conjuntas entre sus voluntarios y pobladores de asentamientos informales para mejorar sus condiciones de vida. La organización con sede en Chile, tiene filiales en Argentina, Brasil, Colombia, países de Centroamérica y Haití, entre otros. AP
