El nuevo secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay, Milton Romani, aseveró este jueves a Efe que la marihuana legal, producida bajo el control del Estado, estará disponible en las farmacias antes de que acabe este año.
«Los consumidores que quieren adquirirla en las farmacias tendrán que esperar un poco más, a lo mejor dos meses, a lo mejor menos, pero va a llegar», aseguró el titular de este órgano vinculado a la Presidencia uruguaya.
Romani salió al paso de recientes informaciones que señalaron que el nuevo Gobierno, encabezado por Tabaré Vázquez, había dado marcha atrás con respecto a que sean las farmacias las encargados de comercializar el cannabis legal, como determina la ley aprobada en 2013 por el anterior Ejecutivo, liderado por José Mujica.
Antes de asumir la presidencia el pasado 1 de marzo, Vázquez había manifestado en alguna ocasión su preocupación en cuanto a que establecimientos habilitados para vender medicamentos se ocuparan de la venta del cannabis, uno de los aspectos aun por definir de la ley que regula la producción y venta de marihuana en Uruguay.
Romani aseguró que las preocupaciones del mandatario han sido revisadas y que los representantes de las farmacias expresaron su interés en proveer el servicio.
Según destacó, las once empresas que se presentaron para plantar y proveer la marihuana que será vendida todavía carecen de determinados documentos para finalizar el proceso.
Sin embargo, el secretario general es optimista con que esta etapa no debe demorar «más que dos semanas» e informó de que las semillas ya están listas para la siembra luego de la aprobación de las empresas definitivas por parte de la JND.
Una vez adjudicadas las licencias, las empresas deberán instalarse en el predio -propiedad del Estado- que se acondicionó en el departamento de San José, en el centro sur del país, para plantar el cannabis que posteriormente se venderá en farmacias que hayan obtenido la correspondiente licencia.
Por otro lado, el secretario afirmó que se está finalizando el desarrollo del software que permitirá la confidencialidad de los datos de los consumidores debidamente registrados y habilitados para comprar la droga.
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Asimismo, con relación a las críticas a Uruguay vertidas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) en su último informe anual, divulgado esta semana, dijo que no compete a ese órgano vinculado a la ONU emitir juicios de valor.
Entre otros aspectos, la Jife reiteró su «honda preocupación» por los «efectos negativos que la legislación de fiscalización del cannabis del Uruguay podría tener en el funcionamiento del sistema internacional de fiscalización de drogas».
«Nosotros estamos cumpliendo las convenciones internacionales en el contexto de los derechos humanos en que somos referencia y que van en contra de las políticas represivas», observó Romani.
Además, añadió que «lo que dicen las convenciones es que el derecho interno habilita a los países a tomar determinadas decisiones soberanas».
Recordó también que las semillas que serán utilizadas en la plantación que controlará el Estado «están genéticamente marcadas para que se pueda rastrear su origen, que son uruguayas», lo que posibilitará identificar alguna planta que llegue a salir del país.
El secretario general de la JND espera la visita de la Jife al país este año, cuando la ley ya esté en plena aplicación, con la venta de la marihuana funcionando en las farmacias.
Por ahora, resaltó que «dos mil familias ya no recurren al narcotráfico porque cultivan legalmente sus plantas de cannabis».
«El que esté apurado para comprar en las farmacias que fume un ‘porro’ (cigarrillo de marihuana)», dijo en alusión al hecho de que en Uruguay el consumo de esta sustancia no es un delito desde mucho antes de la legalización del cannabis en el país.
