América fue una vez más en 2016 una de las regiones más violentas y desiguales del mundo, pese al discurso sobre democracia y progreso económico y la esperanza de que terminara en Colombia el último conflicto armado del continente.
Así lo constata el informe de Amnistía Internacional (AI) divulgado hoy, en el que se afirma que la crisis de los Derechos Humanos en la región se aceleró por una tendencia al aumento de los obstáculos y las restricciones a la justicia y a las libertades fundamentales.
El año pasado estuvo marcado por «una retórica contraria a los derechos, racista y discriminatoria» en la región y una muestra de ello, añade el informe, fue la elección de Donald Trump como presidente de EEUU, lo que «suscitó honda preocupación» por el futuro compromiso estadounidense con los derechos humanos.
«Las oleadas de represión se tornaron cada vez más visibles y violentas; con frecuencia, los Estados hicieron un uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía, y aplastarlos de modo implacable», denuncia AI.
El incumplimiento de los derechos también quedó patente en la amplia brecha de desigualdad sustentada por la corrupción y la falta de rendición de cuentas, afirma.
Las deficiencias de los sistemas de justicia elevaron los niveles de violencia, con países como Brasil, El Salvador, Honduras, Jamaica, México y Venezuela con las tasas de homicidio más altas de mundo.
El «Triágulo Norte» de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) era uno de los lugares más violentos del mundo; allí se mataba a más personas que en la mayoría de las zonas de conflicto del planeta.
«La violencia de género, muy extendida, seguía siendo -afirma- uno de los fracasos más deplorables de los Estados en las Américas».
En octubre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reveló que en la región eran asesinadas diariamente 12 mujeres y niñas por motivos de género.
En toda la región, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) hicieron frente a índices de violencia y discriminación aún más elevados.
Amnistía subraya que la inacción de los Estados permitió que las multinacionales tuvieran cada vez más peso, especialmente las de los sectores extractivos, lo que afecta principalmente a los pueblos indígenas.
«La represión política, la discriminación, la violencia y la pobreza fueron el motor de otra crisis humanitaria cada vez más profunda, aunque en gran medida olvidada», alerta.
Cientos de miles de personas refugiadas – mayoritariamente provenientes de Centroamérica- se vieron obligadas a huir de sus hogares para buscar protección, a menudo corriendo el peligro de sufrir nuevos abusos contra sus derechos humanos y arriesgando la vida, según el informe.
Muchos gobiernos demostraron una intolerancia cada vez mayor a las críticas, dedicándose a acallar la disidencia y amordazar la libertad de expresión.
El informe crítica la negativa de México a reconocer la crisis de derechos humanos del país (denuncias de desaparición de casi 30.000 personas, miles de muertos por operaciones de seguridad, miles más de desplazados por la violencia), una actitud similar a la de Venezuela.
En este último país, el Gobierno negó la existencia de una grave crisis humanitaria y económica, hubo un rápido aumento de la delincuencia y constantes violaciones de derechos humanos, y las autoridades silenciaron a la disidencia.
Entre los acontecimientos en 2016, destacó la «histórica visita» del presidente de EEUU, Barack Obama, a Cuba, que atrajo la atención hacia los problemas como los malos tratos a los migrantes en Estados Unidos, el impacto del embargo estadounidense y la ausencia de libertad de expresión y la represión de activistas en la isla.
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Amnistía considera «extremadamente peligroso» defender los derechos humanos en muchos países americanos, y denuncia que «corrieron especial peligro de sufrir represalias» quienes se oponían a proyectos de desarrollo en gran escala y a las empresas multinacionales.
Entre ellos, recuerda el asesinato en marzo de 2016 de la lideresa indígena hondureña Berta Cáceres, y asegura que Honduras y Guatemala eran los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. EFE
